Santo Domingo.– Tres de los imputados en el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud solicitaron este viernes al tribunal la variación de las medidas de coerción que pesan en su contra, mientras el Ministerio Público pidió una prórroga de cuatro meses para completar diligencias, documentos y peritajes considerados fundamentales para fortalecer la investigación.

Durante la audiencia, Rafael Luis Hazim pidió que sean investigadas otras personas que, según afirmó, serían las verdaderas responsables de la presunta malversación de fondos investigada por las autoridades.

Hazim negó tener vínculos con los hechos del expediente y sostuvo que tanto él como Ramón Alan Speakler Mateo han sido colocados como “adornos” dentro del proceso, al rechazar cualquier participación en supuestos actos de malversación de fondos o sobornos.

De su lado, el Ministerio Público solicitó al tribunal extender por cuatro meses el plazo de investigación, alegando que aún están pendientes varias actuaciones necesarias antes de avanzar hacia una eventual acusación formal.

Entre las diligencias pendientes figuran un informe especial solicitado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, así como varios peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuya entrega requiere más tiempo, según explicó la Fiscalía.

La representación del Estado respaldó la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público. Asimismo, algunos abogados de los imputados manifestaron interés en que el proceso permita establecer la verdad material sobre los hechos investigados.

No obstante, la abogada Ivanna Rodríguez rechazó la petición de extensión del plazo y solicitó que Luis Rafael Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo sean enviados a prisión domiciliaria, como alternativa a las medidas que actualmente cumplen.

La audiencia permanecía en receso mientras el juez deliberaba sobre los pedimentos presentados por las partes. Se espera que el tribunal decida si acoge la solicitud de prórroga del Ministerio Público y si varía o mantiene las medidas de coerción impuestas a los imputados.