Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), remitió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente a 2027, una iniciativa que contempla un aumento significativo de la inversión pública y mantiene como prioridades el gasto social, la infraestructura y la sostenibilidad de las finanzas públicas. La propuesta parte de una proyección de crecimiento real de la economía de 4.75 % y una inflación promedio de 4.5 % para el próximo año. En términos consolidados, contempla erogaciones por RD$2,084,127.4 millones, ingresos por RD$1,620,001.4 millones y un techo de gasto de RD$1,944,738.7 millones. Uno de los principales componentes del proyecto es el gasto de capital. Para el Gobierno central se contemplan RD$257,763.8 millones, un incremento de 19.7 % frente al presupuesto inicial de 2026, por encima del crecimiento proyectado de 12.3 % para el gasto corriente. De acuerdo con el documento, este nivel de inversión de capital sería el mayor registrado hasta el momento y duplica el monto correspondiente a 2019, considerado el último año previo a la pandemia. De los recursos destinados a capital, RD$111,609.2 millones corresponden a 1,306 proyectos de inversión pública con código SNIP. Las iniciativas abarcan áreas como transporte, infraestructura vial, energía, agua potable y saneamiento, salud, educación, producción agrícola, cambio climático y transformación digital. Entre las obras señaladas figuran el Monorriel de Santiago, con RD$6,371 millones; la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con RD$1,465.6 millones, y proyectos de resiliencia climática en infraestructura vial por RD$1,565 millones. En materia de transporte, la propuesta asigna RD$113,434.2 millones. Para el sector eléctrico se contemplan RD$3,450.1 millones para el mejoramiento de redes de media y baja tensión, RD$1,878 millones para la Presa Montegrande y RD$2,635 millones destinados a la reducción de pérdidas técnicas. El gasto social continúa como uno de los principales componentes del proyecto. La función educación contempla RD$364,399.5 millones, mientras que Salud Pública recibiría RD$198,727 millones. Para protección social, pensiones, asistencia y vivienda social se proyectan RD$317,340.6 millones. A nivel del Gobierno central, el Ministerio de Educación dispondría de RD$365,570.5 millones, un 10.1 % más que en el presupuesto aprobado para 2026. Junto con el MESCyT, las asignaciones para educación alcanzarían RD$391,303.1 millones. Entre las partidas educativas figuran RD$30,814.5 millones para alimentación escolar, destinada a cerca de 1.96 millones de estudiantes, y RD$4,134 millones para servicios de apoyo estudiantil dirigidos a aproximadamente 1.85 millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Para agua y saneamiento, la función de vivienda y servicios comunitarios contempla RD$38,258.6 millones, de los cuales el 75.9 % estaría destinado al abastecimiento de agua potable. Mientras, el programa habitacional Mi Vivienda continuaría su expansión con recursos contemplados por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. En cuanto a las finanzas públicas, el proyecto estima para el Gobierno central ingresos por RD$1,510,574.5 millones y gastos por RD$1,837,856 millones. El resultado primario se proyecta en un superávit de RD$24,045.5 millones, equivalente al 0.3 % del PIB, mientras que el resultado financiero registraría un déficit de RD$327,281.5 millones, equivalente al 3.4 % del PIB. La propuesta también incorpora una mayor vinculación entre la planificación estatal y la asignación de recursos. Según el documento, la articulación del presupuesto con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual y Meta RD 2036 supera los RD$500,605.3 millones. Durante el proceso de formulación presupuestaria fueron realizadas 32 sesiones de los Consejos de Desarrollo, en las que se priorizaron 503 demandas ciudadanas. El Ministerio de Hacienda había informado previamente que transporte, vivienda y servicios comunitarios, y educación concentraron la mayor cantidad de solicitudes identificadas en ese proceso. La iniciativa deberá ser conocida y discutida por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que deberán completar el proceso de aprobación antes del cierre del año para que el nuevo presupuesto pueda entrar en vigencia el 1 de enero de 2027. El calendario oficial establece como fecha límite el 1 de octubre para la presentación del proyecto al Congreso. Navegación de entradas Especialista alerta sobre falsos expertos en compras internacionales y los riesgos para inversionistas Gobierno emite decreto que prioriza a las MIPYMES industriales en compras públicas para programas sociales y de protección vulnerable