Ocho legisladores vinculados a bancas de apuestas participan en debate sobre nueva ley de juegos de azar

Santo Domingo.– Ocho legisladores que actualmente ocupan curules en el Congreso Nacional han declarado participaciones, propiedades o vínculos económicos con empresas relacionadas con los juegos de azar, mientras el Poder Legislativo conoce el proyecto de ley que regulará este sector en la República Dominicana.

Según las informaciones divulgadas a partir de las declaraciones juradas de patrimonio, los congresistas identificados incluyen siete diputados y un senador pertenecientes a distintas organizaciones políticas representadas en el Congreso Nacional.

El tema ha cobrado relevancia debido a que la Cámara de Diputados introdujo modificaciones al proyecto previamente aprobado por el Senado, incorporando disposiciones que impactan directamente el funcionamiento y las condiciones económicas del sector de los juegos de azar.

Entre los cambios más discutidos figura una moratoria de diez años para la instalación de nuevos establecimientos de juegos de azar, disposición incluida en el artículo 191 del texto aprobado por los diputados y que no formaba parte de la versión original conocida por el Senado.

De mantenerse esa disposición en la legislación definitiva, durante una década se limitaría la entrada de nuevos operadores al mercado, mientras continuarían funcionando los negocios que ya cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Las modificaciones también contemplan cambios en la renovación de licencias, ampliación de las condiciones operativas para las bancas deportivas, aumento del número de máquinas tragamonedas permitidas y ajustes en aspectos tributarios relacionados con determinadas modalidades de apuestas.

Entre los legisladores señalados figuran representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes han declarado participaciones o vínculos con consorcios de bancas y empresas relacionadas con actividades de apuestas.

La publicación que reveló estas informaciones aclara que la existencia de intereses económicos declarados no constituye por sí sola una irregularidad ni demuestra que los legisladores hayan intervenido para beneficiar sus negocios particulares. Sin embargo, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés debido a que el Congreso debate una legislación que afecta directamente al sector donde mantienen inversiones declaradas.

Mientras el proyecto continúa su curso legislativo, diversas organizaciones y sectores han expresado posiciones encontradas sobre las modificaciones introducidas, especialmente en lo relacionado con la competencia económica, la expansión de los juegos de azar y los mecanismos de regulación previstos en la iniciativa.